El Colegio de Profesionales en Derecho A.C. expresamos nuestras más profundas condolencias por el reciente fallecimiento del Sr. Javier García Morales. Deseamos que su alma descanse en paz y que nuestro amigo Fabián García González y familia encuentren pronto la resignación por tan enorme pérdida. Fabián cuenta con nuestra fiel y sincera amistad.
Guadalajara, Jalisco a 07 de Septiembre de 2011
Utilizando como marco de muestreo el listado de secciones electorales en el país y de sus resultados oficiales de la elección federal de diputados en 2009, se tomaron en cada uno de los meses de manera sistemática y aleatoria con probabilidad proporcional a su tamaño (PPT) 100 secciones electorales en todo el territorio nacional, en cada sección se escogieron dos manzanas (o grupo de viviendas en caso de áreas rurales), en cada una de las manzanas cinco viviendas y en cada vivienda un mexicano mayor de edad con credencial para votar vigente, estas últimas 3 etapas con igual probabilidad.
Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de muestra garantiza que en las estimaciones nacionales al menos 95 de cada 100 veces, el error no sobrepasa el ±3.1 por ciento. En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe considerar que pueden existir otros errores ocasionados por el fraseo de las preguntas y las incidencias en el trabajo de campo.
A DESTACAR:
Uno de cada 10 mexicanos muestran en agosto de 2011 un alto interés en la política.
De los 7 partidos nacionales con registro el PRI se mantiene como el único que posee un saldo de opinión positivo al acumular 38% de opiniones a favor y 18% en contra. Le siguen el PAN, el PRD y el PVEM en ese orden, aunque todos con un saldo negativo. El partido más rechazado hoy es el PT (Hace 6 años el PAN (+5) y el PRD (+8) eran los únicos que acumulaban opinión positiva dejando al PRI del lado negativo con un rechazo del 29%, el partido tricolor era en agosto de 2005 el partido más rechazado).
En agosto de 2011 el PRI obtiene el 39% de las preferencias ciudadanas, seguido de 19% del PAN y 14% del PRD. La alianza de 3 partidos de izquierda prácticamente se queda a sólo 2 puntos del PAN y el PRI alcanza 40% al sumarle al PVEM.
Cuando los ciudadanos están de acuerdo con Calderón la pelea se da claramente entre PRI y PAN; en cambio entre los ciudadanos que desaprueban a Calderón el PAN se desploma y la contienda se da entre el PRI y el PRD.
En agosto de 2005 el PRI también aparecía en primer lugar sin candidato aunque mostraba una caída de 5 puntos en un año y su ventaja era de sólo 3 sobre el PRD, superando ambos en ese momento claramente al PAN que aún no vivía sus jornadas internas del que surgiría como candidato Felipe Calderón.
Hoy la población percibe que el PRI ganaría la Presidencia, lo piensa el 51% seguido de 19% que dice que ganará el PAN y el 10% el PRD (Hace 6 años, en agosto de 2005 también se pensaba que el PRI podía ganar, así lo decía el 36%. en ese momento el PRD estaba cerca con el 27% y el PAN sólo presentaba 18% de expectativa de triunfo).
Las combinaciones en las que los ciudadanos piensan que el PRI será el primer lugar son las que prevalecen pero en esos casos son más (30%) quienes dicen que el PAN será el segundo lugar que los que mencionan al PRD (21%) en esa posición.
Al PRD 10% lo ve ganando la elección; 24% lo ve en segundo lugar y 46% dice que finalizará en tercer lugar. En el caso del PAN 19% lo ve renovando su triunfo en la presidencia, 34% dice que será el segundo lugar y 28% que terminará en tercer puesto. Al PRI 51% lo ve ganador, 22% en segundo y 7% en tercer lugar de la elección.
En forma espontánea 34% de los mexicanos dice que le gustaría que Peña Nieto fuera el próximo Presidente de México, le siguen López Obrador (10%), Vázquez Mota y Santiago Creel (empatados en tercer lugar con 4%) Ebrard (3%) y Beltrones (2%).
Peña Nieto y López Obrador han crecido 7 y 2 puntos respectivamente en un año; Creel tuvo momentos en los que aparecía en tercer lugar pero a partir de mayo de este año ha sido alcanzado primero por Ebrard y después por Josefina Vázquez Mota en las menciones espontaneas.
Al interior del PAN Vázquez Mota (35%) y Creel (31%) encabezan las preferencias. Después de ellos hay aglutinamiento con Lujambio (10%), Cordero (7%), Espino (4%) y Emilio González (4%).
En el PRI Enrique Peña Nieto tiene clara ventaja sobre el líder del Senado Manlio Fabio Beltrones.
El PRD tiene dos fuertes candidatos al grado de que al preguntar a todos los ciudadanos no hay una clara ventaja de nadie apareciendo Ebrard con apenas 1 punto de ventaja, pero si la opinión es sólo de los simpatizantes del PRD, López Obrador le sigue gana claramente a Ebrard.
Ahora que el PRD aprueba el método de encuestas y sin establecer aun las reglas hacemos nuevos escenarios: (a) si consideramos a los ciudadanos que hoy preferirían votar por alguno de los 3 partidos considerados en la alianza de izquierda, Andrés Manuel López Obrador tiene ventaja de 32 puntos; (b) si unimos a los que actualmente votarían por la izquierda con los ciudadanos considerados independientes (es decir se excluyen simpatizantes de partidos opositores) de nuevo la ventaja es de López Obrador ahora por 8 puntos.
Peña Nieto aventaja con 47% cuando se enfrenta a López Obrador (18%) y Josefina Vázquez Mota (17%).
En los independientes la opinión positiva la encabeza Peña Nieto, después López Obrador y Ebrard, aunque por este último reflejan menos rechazo que por AMLO. De los aspirantes panistas a la que mejor ven es a Vázquez Mota aunque la conocen mucho menos que a Creel.
La opinión de los independientes de los 7 partidos es negativa para todos ellos, a los que más rechazan son al PRD y al PT y de los que más tienen opiniones positivas son del PAN y del PRI.
La preferencia electoral que muestran los ciudadanos independientes, es primero una tendencia a no votar (28%), después favorece por lo pronto al PRI con 25%, seguido de 12% del PAN y 9% del PRD.
La mitad de los mexicanos que dicen haber votado por Calderón en 2006 dice hoy preferir al PAN, el resto se reparten 23% por el PRI-PVEM; 7% por la izquierda PRD-PT-Convergencia; 10% por ninguno y 10% no declara.
En el caso de López Obrador 57% de quienes afirman haber votado por él en 2006 piensan votar por el PRD y una probable alianza con PT y Convergencia.
En 8 de cada 10 casos de mexicanos que votaron por Roberto Madrazo declaran estar de nuevo con el PRI, 5% apoya al PRD y 4% al PAN.
En 2006 hubo otros 2 candidatos y de quienes votaron por ellos 38% se inclinan por el PRI; 25% por la izquierda, 14% por ninguno y 8% no declaran preferencia.
Entre quienes no votaron en 2006 hoy también parece haber una tendencia a no votar (42%) y el resto prefiere al PRI (32%), después al PRD (15%) dejando al PAN con sólo el 10%.
Más de la mitad de los ciudadanos prefiere que el próximo congreso tenga mayoría de algún partido. Esos mexicanos están divididos en 35% que dice que esa mayoría debe ser del mismo partido que el presidente y 18% de uno que sea opositor al primer mandatario. 1 de cada 4 mexicanos prefiere que la situación de congreso sin mayoría se mantenga en la próxima legislatura.
Los panistas son quienes más quieren un congreso de mayoría aunque también son quienes dicen que esa mayoría no la tenga quien sea presidente en 2012.
Los Perredistas son quienes más manifiestan que nadie debería tener una mayoría en la siguiente conformación de las cámaras de diputados y senadores.
CONCLUSIÓN:
La medición de agosto, aunque presenta algunas variaciones, no muestra grandes diferencias respecto a lo que se ha medido a lo largo de 2011: ventaja del PRI; Peña Nieto adelante; contienda interesante en el PAN; indefinición de cómo seleccionar al candidato del PRD y desinterés ciudadano en la elección.
A. CONTEXTO
En México estamos casi a un mes de que inicie legalmente el proceso electoral que finalizará con la elección del 1º de julio de 2012 donde entre muchas autoridades se elegirá al nuevo Presidente de México. La presente encuesta nos muestra el estado de las opiniones y de las preferencias cuando aún no inician las contiendas pero cuando al menos 10 aspirantes están enfocados en lograr una candidatura.
Antes de desglosar los resultados anotamos aquellos acontecimientos nacionales del periodo julio-agosto de 2011 que pudieron incidir en las preferencias ciudadanas:
1) Se realizaron elecciones locales en 4 entidades del país y en las 4 triunfa el PRI, destacan de ellas las de Edomex y Coahuila ya que son los estados del principal aspirante a candidato y del presidente nacional de ese partido.
2) En el PAN declinan dos aspirantes, los secretarios del Trabajo y de Desarrollo Social, Javier Lozano y Heriberto Félix respectivamente, y se anota el expresidente de ese partido, Manuel Espino. También pide licencia al Senado Santiago Creel para dedicarse de lleno a recorrer el país y pide al resto de aspirantes hacer lo mismo. El 29 de agosto declina también a sus aspiraciones presidenciales Alonso Lujambio; este evento no fue captado por la encuesta pero se presentan las preferencias sin considerarlo.
3) Se nominan los 3 candidatos a gobernador de Michoacán para la última elección previa a julio de 2012, destacando la candidata del PAN Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del Presidente, aunque no inicia como favorita.
4) Con la difusión continua de la captura de varios capos de la delincuencia el gobierno intenta comunicar los avances en el combate al crimen organizado, aunque la última semana de agosto algunos acontecimientos rompen esa sensación (la encuesta no alcanza a captar la tragedia del incendio a un casino en Monterrey con mas de 50 muertos).
5) Las noticias sobre otra posible crisis económica mundial empieza a generar preocupación en México.
Con estos antecedentes presentamos los principales resultados de la encuesta en viviendas.
Uno de cada 10 mexicanos muestran en agosto de 2011 un alto interés en la política; este dato es similar al que existía hace 2 años, (aunque inferior al que se observaba hace 6 años e incluso menos de la mitad del que se tenía días antes de la resolución del tribunal electoral que dio el triunfo a Felipe Calderón en septiembre de 2006).
B. –OPINIÓN DE PARTIDOS
De los 7 partidos nacionales con registro el PRI se mantiene, desde hace meses, como el único que posee un saldo de opinión positivo al acumular 38% de opiniones a favor y 18% en contra. Le siguen el PAN, el PRD y el PVEM en ese orden, aunque todos con un saldo negativo.
El partido más rechazado hoy es el PT.
Cuando analizamos la opinión que han generado los 7 partidos políticos en un año y en un sexenio podemos destacar lo siguiente:
• Hace 6 años el PAN (+5) y el PRD (+8) eran los únicos que acumulaban opinión positiva dejando al PRI del lado negativo con un rechazo del 29%, el partido tricolor era en agosto de 2005 el partido más rechazado.
• Después de ser el más rechazado; en 2010 el PRI cambió a ser el que menos rechazo tuvo dejando su lugar al PRD. En 2011 ese puesto negativo lo ocupa el PT.
• De 2010 a 2011 sólo los partidos PRD, PT y Convergencia han incrementado las opiniones positivas (también han disminuido sus negativos).
C. PREFERENCIA ELECTORAL SIN CANDIDATOS
Desde julio de 2009 hemos llevado la serie permanente de la preferencia ciudadana con miras a la Presidencia de la República en ese periodo los cambios han sido marginales y se entiende por la ausencia real de las campañas.
ü En agosto de 2011 el PRI obtiene el 39% de las preferencias ciudadanas, dos puntos porcentuales más que en mayo, seguido de 19% del PAN y 14% del PRD, siendo de ellos el PAN el que logra un crecimiento de 2 puntos en el trimestre.
PREFERENCIA ELECTORAL PARA LA PRESIDENCIA DE MÉXICO SIN CANDIDATOS
Advertencia: Como todo estudio de opinión, los datos aquí presentados reflejan el estado de las percepciones y estados de ánimo de la población al momento de la aplicación de las entrevistas, no pretenden ser ni un pronóstico ni una sentencia. Las preguntas de intención de voto o preferencia política son un indicador de la situación presente en el momento de la encuesta, nada garantiza que esa situación sea la que prevalezca el día de la jornada electoral, y por lo tanto los resultados no tienen porqué replicarse.
Cuando desglosamos la preferencia por partidos y unimos aquellos que se han mantenido como posibles alianzas, vemos que la alianza de izquierda (3 partidos) prácticamente se queda a sólo 2 puntos del PAN y que el PRI alcanza 40% al sumarle al PVEM (es claro hoy que sin campañas las preferencias se están concentrando en los 3 principales partidos, esto normalmente se modifica al iniciar los procesos).
PREFERENCIA ELECTORAL PARA LA PRESIDENCIA DE MÉXICO SIN CANDIDATOS AGOSTO 2011
Cuando analizamos la preferencia electoral sin candidatos por segmentos poblacionales observamos que:
• El PRI mantiene la ventaja tanto en hombres como entre mujeres, aunque en el sexo masculino obtiene dos puntos más.
• Por edad, el PAN obtiene mayores porcentajes entre menor sea la edad y lo mismo que ocurre con el PVEM; en cambio el PT se comporta al revés, generando ligeramente mayores porcentajes cuando crece la edad.
• El acuerdo con el Presidente parece ser determinante para diferenciar el estado de la contienda; cuando los ciudadanos están de acuerdo con Calderón la pelea se da claramente entre PRI y PAN; en cambio entre los ciudadanos que desaprueban a Calderón el PAN se desploma y la contienda se da entre el PRI y el PRD con ventaja del tricolor.
• Por circunscripción, la ventaja del PAN sobre el PRD en el segundo lugar se genera por los muy bajos porcentajes del sol azteca en las circunscripciones 1 y 2, mucho menores a los que observa el PAN en la 4 y en la 5, en todas ellas el PRI tiene ventaja aunque en la número 4 con centro en el DF, la pelea se da entre PRI-PRD.
• El PT obtiene su mayor fuerza en las circunscripciones 2 y 4; en esta última sus preferencias hacen que la unión de izquierda tenga una cerrada contienda contra el PRI.
PREFERENCIA POR SEGMENTOS AGOSTO 2011
Más allá de las preferencias, hoy la población percibe que el PRI ganaría la Presidencia, así lo piensa el 51% de los mexicanos seguido de 19% que dice que ganará el PAN y el 10% el PRD. Al respecto destaca que la idea de que ganará el PRI es 12 puntos mayor a la de su preferencia, en cambio los que dicen que ganará el PRD es 4 puntos porcentuales menos a los que muestran sus preferencias.
¿QUIEN CREE QUE GANARÁ LA ELECCIÓN EN 2012?
D-PRESIDENCIABLES
En esta sección nos centramos en cómo van las contiendas por las candidaturas de los 3 principales partidos, entre los que hoy identificamos a 10 “aspirantes” o como ellos dicen guardando las formas, “interesados”. Es necesario aclarar que ninguno de los partidos define aun el método por el que seleccionarán a su candidato, así que aquí solo se muestran las preferencias ciudadanas y no tiene nada que ver con la vida interna de cada partido.
En forma espontánea 34% de los mexicanos dice que le gustaría que Peña Nieto fuera el próximo Presidente de México, le siguen López Obrador (10%), Vázquez Mota y Santiago Creel (empatados en tercer lugar con4%) Ebrard (3%) y Beltrones (2%).
D.1- PREFERENCIA HACIA ASPIRANTES PANISTAS
La contienda más interesante para elegir al candidato en 2005 fue la panista y 6 años después de nuevo este partido genera la mayor incertidumbre sobre su evolución y conclusión. En 2005 a estas alturas Felipe Calderón, que jugaba como “el rebelde” ya había subido al 20% de las preferencias entre simpatizantes panistas aunque aún aparecía debajo de Santiago Creel; días después, el 11 de septiembre de 2005, obtendría Calderón su primer triunfo que lo catapultaría a la candidatura.
De 6 aspirantes para ser candidato del PAN solamente Creel y Vázquez Mota son conocidos por más del 50% de los mexicanos. Y son ellos precisamente y tal vez por eso quienes encabezan las preferencias con porcentajes muy parecidos: Vázquez Mota (35%) y Creel (31%). Después de ellos hay aglutinamiento de preferencias con Lujambio* (10%), Cordero (7%), Espino (4%) y Emilio González (4%).
Aunque la encuesta midió aun a Alonso Lujambio como se muestra en el cuadro anterior, también realizamos escenarios por lo que presentamos el que incluye solamente a 5 aspirantes.
En este cuadro se observa que de los casi 10 puntos que tenía Lujambio antes de que se conociera su declinación, Josefina Vázquez Mota adquiría 2 puntos, Creel 1, y el resto poco menos de 1 punto cuando ya no es incluido Lujambio.
D.2 -PREFERENCIA HACIA ASPIRANTES PRIISTAS
En el caso de los priistas las condiciones han cambiado poco desde hace meses; el aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto tiene clara ventaja sobre el líder del Senado Manlio Fabio Beltrones. Hace 6 años aun estaba abierta la contienda, sólo había dos contendientes y Madrazo aventajaba por 17 puntos entre priistas y presentaba un empate con Arturo Montiel en la población general.
D.3 PREFERENCIA HACIA ASPIRANTES PERREDISTAS
En el caso del PRD, ya no tenemos comparativo sexenal que reportar ya que a finales de agosto de 2005 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas había declinado por lo que López Obrador era el candidato de unidad de la izquierda mexicana.
En agosto de 2011 el PRD tiene ahora dos fuertes candidatos al grado de que al preguntar a todos los ciudadanos no hay una clara ventaja de nadie apareciendo Ebrard con apenas 1 punto de ventaja, pero si la opinión es sólo de los simpatizantes del PRD, López Obrador le sigue ganando claramente a Ebrard aunque disminuye su ventaja de 43 a 37 puntos porcentuales en 3 meses.
D.4 TODOS LOS ASPIRANTES
Al colocar en una tabla las popularidades de los 10 aspirantes a la candidatura presidencial vemos que con Josefina Vázquez Mota ya son 5 de los que tienen más del 50% de conocimiento, encabezados por López Obrador y Peña Nieto.
En términos de opiniones negativas solamente 2 pasan del 15%, López Obrador del que 31% de los mexicanos dice tener mala opinión y Santiago Creel con 19%.
POPULARIDADES COMPARADAS
(Ordenada por conocimiento del nombre)
E. ENFRENTAMIENTOS
Cuando hacemos enfrentamientos entre los aspirantes “punteros” al interior de sus respectivos partidos vemos primero que Peña Nieto aventaja con 47% cuando se enfrenta a López Obrador (18%) y Josefina Vázquez Mota (17%).
Dada la fuerte competencia entre Vázquez Mota y Creel al interior del PAN, incluimos también la serie del enfrentamiento cuando su candidato es Santiago Creel, encontrando que el priista logra el 48%, el perredista 18% y Creel 16%, muy similar a los números anteriores.
Los otros 6 enfrentamientos medidos se presentan a continuación:
Hoy en día, se estima que más de 12 millones de personas están en peligro de morir en Somalia, Etiopia y Kenia (Cuerno de África) por la falta de alimentos, agua y medicinas. El pasado 20 de julio, la Organización de las Naciones Unidas declaró un estado de crisis alimentaria en el Cuerno de África donde el 30% de los niños y niñas amenazados reportan un estado avanzado de desnutrición y hasta un 50% en las zonas más afectadas por la prolongada sequía.
Existe actualmente una organización que esta trabajando arduamente por ayudar a esta gente, es una organización que desde sus inicios en 1973, es miembro activo de la Alianza Internacional, que tiene representación en más de 120 países, que ha trabajado a favor de la niñez desde 1919 y es el organismo con programas directos más grande del mundo. Esta organización es Save the Children. Entre sus importantes logros destaca la promoción, elaboración y aplicación en sus programas de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez.
Save the Children en México, es pionero en la difusión y promoción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Save the Children en México tiene programas de atención directa que actualmente operan en los estados de Sonora, Jalisco, Sinaloa, Querétaro, Quintana Roo, Guanajuato, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Tabasco, Baja California, Veracruz, Puebla, Estado de México, Nuevo León y Guerrero y el Distrito Federal. Los programas tienen como objetivo lograr cambios positivos y perdurables en la calidad de vida de las familias marginadas a través de la participación activa de niños, niñas y jóvenes en sus propios procesos educativos.
Save the Children en México aplica dentro de sus programas educativos un modelo de educación no formal (seguimiento a tareas y actividades pedagógicas, lúdicas, recreativas, culturales, y deportivas) dirigido a niños, niñas y jóvenes de 4 a 18 años en comunidades rurales y urbanas en condiciones vulnerables.
Save the Children, además de una gran experiencia en situaciones de emergencia, es una de las organizaciones con mayor presencia en el Cuerno de África, donde ha operado desde hace más de dos décadas.
Como lo mencionamos en líneas precedentes, el pasado 20 de julio la Organización de las Naciones Unidas hizo oficial la dramática situación que viven millones de africanos en el este del continente. La sequía prolongada que afecta la región es la más drástica desde 1951. Las reservas con las que contaban los pastores y campesinos se agotaron, afectando tanto la nutrición de los habitantes como los medios de sustento; gran parte del ganado falleció por falta de agua y alimento mientras que los precios de los comestibles, como los cereales, se han disparado.
La situación en Somalia es desesperada, lo que lleva a muchas familias a migrar a los países vecinos de Etiopia y Kenia, donde tampoco se cuenta con el abastecimiento suficiente para cubrir las necesidades básicas de los refugiados.
Tres semanas después del pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas, la situación es realmente crítica. Se calcula que más de 12 millones de personas necesitan urgentemente de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Las familias que huyen de Somalia llegan agotadas, sin recurso alguno y desnutridos a campos de refugiados abarrotados ubicados en las fronteras con Etiopia y Kenia.
Desafortunadamente en Etiopia y Kenia la sequía también deja a la población sin alimento; conseguir una comida diaria es todo un reto para los padres de familia, cuando a nivel nacional del 40% al 70% de las reservas en alimento ya fueron agotadas.
Save the Children, en conjunto con otras organizaciones humanitarias, está respondiendo a las necesidades de los niños y las familias del Cuerno de África. Esta organización cuenta con más de veinte años trabajando en la región y un gran conocimiento de las situaciones de crisis como la desatada en el este de África. Por la abrumadora cantidad de personas en peligro de muerte, la respuesta de la organización es de un tamaño nunca antes visto en África, Save the Children busca un recaudación internacional de 100 millones de dólares para atender de manera directa y efectiva a una población de 1,8 millones de niños y niñas actualmente en riesgo.
Para sensibilizar a la opinión pública y recaudar parte de los fondos necesarios, se lanzó la campaña “I’m Gonna Be your Friend” en referencia a la letra de la canción de Bob Marley, “High Tide or Low Tide” (“en las buenas y en las malas”). La canción está disponible en iTunes y se puede descargar por 15 pesos, la totalidad de este monto irá en apoyo al Programa de Emergency de Save the Children para el Cuerno de África.
Fue la misma familia Marley quien escogió la canción mientras que el director de cine Kevin MacDouglas se encargó de realizar el respectivo video clip.
Además del apoyo de la familia Marley, Save the Children cuenta con la solidaridad de más de un centenar de celebridades internacionales para promover esta iniciativa, entre los cuales se encuentran Lady Gaga, Jay Z, The Rolling Stones, Muse, Robert Plant, Madonna, Rihanna, Sting, Jennifer Lopez, Elton John, Paul McCartney, Eminem, BlackEyed Peas, Cristiano Ronaldo, y muchos más.
Save the Children en México también se suma a la iniciativa en apoyo a África, enviando un mensaje de sensibilización y solidaridad que contribuyan a visibilizar la grave situación y a canalizar fondos que apoyen la acción de los equipos en campo de Save the Children.
El acceso a los alimentos, agua y medicinas es un derecho humanitario no-negociable para cualquier ser humano; uno no se puede quedar con los brazos cruzados cuando puede ser tan fácil salvar vidas. Desde México, se puede descargar la canción en iTunes, compartir el link, postear #beafriend en Facebook y Twitter o hacer una donación del monto que quieran.
Esta campaña durará aproximadamente seis meses y también contará con el apoyo de los voceros mexicanos de Save the Children para realizar actividades paralelas, las cuales se anunciarán en las próxima semanas.
Descargar “High Tide or Low Tide”
Paso 1:
Entrar a la siguiente página
http://imgonnabeyourfriend.org/
Paso 2:
Comprar en iTunes la canción.
Paso3:
Hacer un donativo:
Banamex
Cuenta: 7514974
Sucursal: 349
Clabe: 002180034975149744
Fundación Mexicana de Apoyo Infantil A.C.
Nadie sabe cuándo ni donde será el próximo terremoto, inundación o tsunami, pero sí sabemos que los niños se ve muy afectado por los desastres naturales. También sufren mucho durante los brotes de conflictos, la sequía y las enfermedades. Es por eso que la humanidad debemos de preocuparnos por la humanidad, porque nadie más se preocupara por nosotros.
Registro No. 164423, Localización: Novena, Época, Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Junio de 2010, Página: 192, Tesis: 1a./J. 109/2009, Jurisprudencia, Materia(s): Civil.
TÍTULOS DE CRÉDITO. LA PRESENTACIÓN DEL TÍTULO SUSCRITO POR EL DEMANDADO, ADMINICULADO CON SU CONFESIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LO SUSCRIBIÓ, Y LA NARRACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL SUBYACENTE EN LA DEMANDA, DESPUÉS DE PRESCRITA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, SON INSUFICIENTES PARA PROBAR LA ACCIÓN CAUSAL.
La acción causal a que se refiere el artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que subsiste después de prescrita la acción cambiaria directa, es aquella que eventualmente puede derivar de la relación causal que subyace a la suscripción del título de crédito, por lo que el juicio en que se ejercite dicha acción se regirá por las normas aplicables a la naturaleza de la acción de que se trate, en tanto que puede ser cualquiera que tutele el derecho que pretende reclamarse. Así, el actor debe probar en el juicio su acción, es decir, narrar y demostrar los hechos cuya actualización, en su concepto, dieron origen a la relación causal, a fin de que el juez los valore y les atribuya la calidad y consecuencias jurídicas que en derecho procedan. Por ello y en virtud de que para probar la acción causal debe acreditarse la existencia de la relación causal, que es distinta e independiente del título de crédito, se concluye que la presentación del título suscrito por el demandado, adminiculado con su confesión en el sentido de que lo suscribió, y la narración de la relación causal subyacente en la demanda, después de prescrita la acción cambiaria directa, son insuficientes para probar la acción causal, pues si bien tales probanzas pueden demostrar que existió la obligación cambiaria, no prueban la existencia de la distinta obligación cuya fuente es la relación causal subyacente en esa relación cambiaria. En efecto, el hecho de que determinada prueba, por sus características formales o de elaboración, es decir, por su continente, pueda producir valor probatorio pleno para demostrar hechos en general, no significa que, por su contenido, sea apta para acreditar los hechos que afirma su oferente; de ahí que en el supuesto referido el alcance probatorio tanto del título de crédito como de la confesión judicial se limita a demostrar la existencia de la obligación cambiaria extinguida por prescripción, e incluso indiciariamente pueden demostrar que el actor, de buena fe, pretende hacer valer la acción derivada de la relación causal subyacente a la suscripción del título, pero con ello no se demuestra que los hechos narrados sean ciertos, y mucho menos que merezcan la valoración jurídica que hace procedente la acción, pues tal extremo no es consecuencia ordinaria del hecho conocido demostrado. Además, no es jurídicamente válido revertir la carga probatoria en perjuicio del demandado para que, en su caso, demuestre no solamente lo que argumenta en sus excepciones o defensas, sino la verdadera naturaleza de la relación causal en que se sustenta la demanda, pues ello, además de implicar una indebida carga probatoria, puede desvirtuar la naturaleza del juicio entablado en su contra, que debe tramitarse en la vía y con los requisitos correspondientes a la naturaleza de la acción causal.
Contradicción de tesis 10/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de octubre de 2009. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.
Tesis de jurisprudencia 109/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de octubre de dos mil nueve.
(Lo resaltado y subrayado es propio y para fines de ilustración).
En esencia la tesis de Jurisprudencia ante citada, considera que una vez que prescribió la acción cambiaria, la presentación del título de crédito es insuficiente para acreditar la acción causal en la vía ordinaria, ya que distingue que si bien el título de crédito acredita la existencia de la obligación cambiaria, nada prueba respecto de una distinta obligación que nace de la relación causal, es decir, que según el criterio aprobado en la Primera Sala de S.C.J.N., existen dos obligaciones distintas una cambiaria que nace de la suscripción del título de crédito y una causal que tiene origen en el negocio que motivo la suscripción del título de crédito.
De lo anterior, que según lo resuelto, el alcance probatorio del título de crédito sólo demuestra la existencia de una obligación la cambiaria extinguida por prescripción y por ello no sirve para acreditar la relación causal.
La resolución que da origen a la Jurisprudencia de mérito, se basa esencialmente en las siguientes premisas:
a).- En estricto sentido, se trata de dos obligaciones diferentes y no de una sola.
b).- El tenedor de un título de crédito es acreedor en dos relaciones distintas de obligación, una derivada de un negocio jurídico cualquiera, y otra, de la emisión del título de crédito.
c).- En caso de que hubiera prescrito la acción cambiaria directa, el alcance probatorio del título de crédito se limita a demostrar que existió una obligación cambiaria y no una obligación causal.
d).- Al haberse extinguido la obligación cambiaria, se ejerce la acción correspondiente a la obligación causal, y para que ésta proceda, el actor debe demostrar que existió la fuente de obligaciones, como el contrato que dio origen a dicha obligación causal.
Dicho lo anterior, podemos afirmar que las premisas que dan origen al criterio en mención resultan infundadas y por ello la interpretación jurídica que se consigna en la Jurisprudencia deviene errónea e incluso desproporcionada de la realidad material y jurídica.
Conforme al artículo 1° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito[1], dichos títulos documentan obligaciones derivadas de actos jurídicos diversos, los cuales pueden dar lugar a la emisión de títulos de crédito, esto significa que la obligación creada por virtud de la relación jurídica causal es precisamente la que se documenta mediante la suscripción del título de crédito y en consecuencia no existen dos obligaciones distintas, sino una sola que si bien tiene origen en un negocio causal, se encuentra documentada en el título de crédito.
Entonces, si la intención del legislador hubiera sido que al suscribirse un título de crédito éste creara una obligación distinta de la derivada de la relación causal, lo hubiera establecido así en forma precisa dentro de la ley, sin embargo el texto legal establece prácticamente lo contrario.
Incluso, si como se afirma en la Jurisprudencia y sentencia que le da origen, existieran dos obligaciones distintas, el acreedor estaría en posibilidad de realizar un doble cobro, uno por la obligación cambiaria y otro por la obligación causal, lo que sabemos se encuentra fuera de toda lógica, pues incluso ha sido criterio reiterado de nuestro Máximo Tribunal el impedir tajantemente la posibilidad de un doble cobro derivado de obligaciones documentadas mediante títulos de crédito.
Ahora bien, si la “acción cambiaria” prescribe en tres años, esto no quiere decir que dicho artículo se refiera a la prescripción del derecho sustantivo que tiene el acreedor para cobrar a su deudor, pues habrá que entender que lo que prescribe es la acción cambiaria y no el derecho. De ahí que, una cosa es la prescripción de la acción cambiaria, y otra cosa es que la obligación contraída por el deudor haya prescrito. Si ese fuera el caso, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no tendría porque especificar en su artículo 168[2] que una vez prescrita la “acción cambiaria”, el tenedor del título puede ejercitar su derecho por otra vía.
Lo anterior permite demostrar que no es suficiente el uso del término “prescripción” para fundamentar la creación de dos obligaciones sustantivas distintas, puesto que el tratamiento que se da a la caducidad y a la prescripción en materia cambiaria, difiere del que es aplicable a otras ramas del derecho.
En otro aspecto, lo sostenido en el criterio a estudio contraviene incluso la legislación civil y mercantil, pues obliga de cierta forma a documentar las obligaciones adicionalmente a la suscripción de un título de crédito, cuando la ley no establece determinada forma para documentar una obligación, salvo en casos de excepción.
Y es que conforme al criterio analizado, la suscripción de un título de crédito por sí sola es insuficiente para documentar el negocio jurídico de origen, pues cuando se ejercita la acción causal en la vía ordinaria necesariamente habrá de contarse con un elemento adicional para acreditar la obligación de pago que se reclama.
Entonces, el actor deberá hacer uso elementos distintos al pagaré para acreditar que el deudor tiene un adeudo con él, cuando en realidad el único documento con que cuenta para acreditar la obligación de pago resulta dicho título de crédito y entonces bastará con el demandado niegue la existencia de una relación causal para que se le absuelva del pago reclamado.
El dejar tan desprotegido al actor, para nada armoniza con la legislación que rige a la materia cambiaria, ya que el título de crédito aún perdiendo su ejecutividad y los privilegios que dicha vía representa, no se vuelve ineficaz como medio de documentar una obligación. Es decir, que si bien ante la prescripción de la acción cambiaria el título de crédito pierde su carácter como tal y por esto sus características de autonomía, abstracción, incorporación, sustantividad, etc., el documento como tal no deja de existir en la vida jurídica y por lo tanto resulta ser un documento privado que establece precisamente el reconocimiento de un adeudo, el monto y vencimiento del mismo y como consecuencia la obligación de pago al volverse liquido y exigible.
Así, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, previendo que la acción cambiaria prescribe en un lapso de tres años, período relativamente corto en relación con el plazo de prescripción general de las obligaciones, aclara que el tenedor de un título de crédito que no ejercitó la acción cambiaria, puede utilizar la vía ordinaria para tratar de obtener el pago de su adeudo.
Bajo las apuntadas consideraciones, podemos concluir que de acuerdo al criterio que se critica, si dos personas realizan una operación de préstamo de dinero o mutuo y no celebran un contrato como tal, sino que simplemente se entrega el dinero contra la suscripción de un título de crédito, y el acreedor no ejercita la acción cambiaria en el término de tres años siguientes al vencimiento, habrá perdido la posibilidad de acreditar la acción causal por no contar con un medio de prueba diverso al título de crédito para acreditar la obligación del deudor.
Lo anterior, no resulta conforme con el marco jurídico que rige al caso, pues si bien como ya se dijo, se habrá perdido una acción y vía de privilegio, ello no significa la perdida del derecho al pago, pues si el acreedor incoa una demanda en la vía ordinaria precisando que realizó la operación de préstamo o mutuo y que la documentó mediante el título de crédito en el que consta el reconocimiento del adeudo y la obligación de pago que se encuentra vencida, habrá de ser el deudor quien acredite en su caso la falsedad del documento o en su caso que ya pago el adeudo, pues si bien el título de crédito pierde su naturaleza jurídica como tal, no pierde la calidad de documento privado que al no ser desvirtuado, debe otorgársele valor probatorio, más aún cuando el suscriptor confiesa haberlo suscrito, acreditándose entonces que existe una obligación de pago y por ello corresponde al demandado acreditar la ineficacia de la misma o su cumplimiento, pues aún cuando el título de crédito, documentó la operación de préstamo o mutuo, se trata de una misma obligación y no de dos obligaciones diversas denominadas como una cambiaria y la otra causal, pues en estricto sentido se trata de acciones diversas (cambiaria y causal) y vías diversas (ejecutiva y ordinaria), pero nunca de obligaciones diversas.
Dicho esto, desgraciadamente y ante la existencia de una Jurisprudencia de una Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio analizado se convierte en verdad jurídica para todos los órganos materialmente jurisdiccionales (Art. 192 de la Ley de Amparo), a excepción del Pleno de la Suprema Corte, por lo cual, esperemos que se de una nueva reflexión en el tema y que el Pleno resuelva inaplicar éste criterio, pues como ya quedó evidenciado atenta contra el propio marco jurídico, imponiendo a los gobernados cargas adicionales a las que obliga la propia ley, como lo es la necesidad de documentar la causa por la que se suscribe un título de crédito en forma adicional a la suscripción del propio título.
[1] “Artículo 1o.- Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen, son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito, o se hayan practicado con éstos, se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2o., cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título, y por la Ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos, en los demás casos.
Las operaciones de crédito que esta Ley reglamenta son actos de comercio.”
[2] “ARTÍCULO 168.- Si de la relación que dio origen a la emisión o transmisión de la letra se deriva una acción, ésta subsistirá a pesar de aquéllas, a menos que se pruebe que hubo novación.
Esa acción debe intentarse restituyendo la letra al demandado, y no procede sino después de que la letra hubiere sido presentada inútilmente para su aceptación o para su pago conforme a los artículos 91 al 94 y 126 al 128. Para acreditar tales hechos, y salvo lo dispuesto en el párrafo que sigue, podrá suplirse el protesto por cualquier otro medio de prueba.
Si la acción cambiaria se hubiere extinguido por prescripción o caducidad, el tenedor sólo podrá ejercitar la acción causal en caso de que haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado conserve las acciones que en virtud de la letra pudieran corresponderle.”
Lic. Luis Rodríguez Mendoza
El año pasado en el Foro de la Democracia Latinoamericana, organizado por la Organización de los Estados Americanos, el Sr. Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, aseveró tajantemente que el empleo es la principal alternativa para resolver el problema de la pobreza en México, la cual beneficia solamente a los políticos demagogos.
Slim dijo también que, “Si yo regalando 300, 400 o 500 dólares a cada mexicano acabara con la pobreza, me encantaría, lo haría con todo gusto, estoy convencido de que la pobreza no beneficia más que quizá a algunos políticos”
Aseguró que “la inversión y no la caridad, es la mejor inversión que hace un país para combatir la pobreza, la pobreza, se combate con nutrición, salud, educación y empleo”.
En resumidas cuentas el Sr. Slim enfatizó que la única forma que percibe para que la población salga de la pobreza, no es con caridad, ni con políticas públicas sociales de bienestar, sino con empleo.
El Sr. Slim considera que es necesario crear un ambiente para que haya una generación de empleo, principalmente desde la pequeña y mediana empresa, pero también en infraestructura, obra pública y vivienda.
Analizando sus palabras consideramos que el Empresario tiene toda la razón, la pobreza se erradica con empleos, y coincidimos también en que los pobres, son el benefició solamente de políticos embaucadores. Y sin ir más lejos podemos recordar, los famosos lemas del 2006 el “Primero los Pobres”, el “Presidente del Empleo”. Siempre los pobres han sido el negocio de los políticos demagogos, son gente sumamente rentable en especial para los políticos de izquierda, pero a los de la izquierda recalcitrante, sin descartar algunas figuras en la derecha y ¿Por qué negarlo?, también en el “Nacionalismo Revolucionario”.
De igual forma coincidimos y avalamos al Sr. Carlos Slim cuando sentencia que no es con caridad, ni con políticas sociales de bienestar como se va a erradicar la pobreza, es con empleo.
Le damos toda la razón cuando el empresario comenta que los pobres benefician a “algunos” políticos. En días pasados platicando con un buen amigo que siempre me ha parecido una persona congruente y después de esta plática me dejo muy convencido y motivado sobre la realidad de la definición de un político. Su nombre es José Manuel Águila Nuño. José Manuel me comentaba lo siguiente:
“Confío en una nueva generación de políticos, una nueva clase política que ve por su país, por su pueblo, de otra forma no concibo para que existe un político te lo digo con mucho respeto y con toda honestidad. Deseo políticos que lleguen al poder no para servirse de él, sino para ejercerlo con responsabilidad y con sentido patriótico, siempre pensando en ayudar al progreso del país y consecuentemente a su gente. Eso es lo que es para mí ser un político. Y tristemente solo veo sombrerazos entre todos tratando de llevar agua a su molino. Es indigno realmente.”
Como José Manuel habremos muchos mexicanos que queremos una nueva generación de políticos una generación de sangre nueva que asuma y actué con patriotismo, hombres y mujeres, seres humanos honestos persistentes y perseverantes, que dejen de hablar y sepan escuchar, hombres de familia, con principios sociales y valores morales bien establecidos, preparados, con carácter, con ganas de engrandecer a los demás y sobre todo con un pensamiento moderno, con la idea de que como en un partido de futbol, México puede ser mejor que Estados Unidos, que México puede ser mejor que cualquier país de primer mundo. Ojala como José Manuel pensaran todos los políticos y no políticos, toda la población en general, sinceramente es muy satisfactorio saber que gente como él tiene ganas de un cambio pero de un cambio de verdad y mejor aun, que están dispuestos a hacer algo para obtener ese cambio.
Es momento de cambiar, es momento de producir políticos que cambien la tradición de subastar dádivas para que los pobres voten por ellos y les den acceso al poder, y por supuesto al erario público.
En resumidas cuentas, para que se den los empleos de los que habla el Ing. Slim, es necesario construir empresas, empresas creciendo, empresas socialmente responsables, empresas capitalizándose, empresas en expansión, nuevas empresas, para que de este modo los desairados empresarios se encarguen de contratar, y poco a poco subir salarios, más demanda de trabajadores implica mejores salarios.
Sin embargo, pareciera que en México está todo preparado para que esto no se dé, Calderón se auto nominaba “El Presidente del Empleo”, nos habla de Políticas Públicas maravillosas pero que paso con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece, según nuestro Presidente, una estrategia clara y viable para avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre todo, responsables.
Está estructurado en cinco ejes rectores:
1. Estado de Derecho y seguridad.
2. Economía competitiva y generadora de empleos.
3. Igualdad de oportunidades.
4. Sustentabilidad ambiental.
5. Democracia efectiva y política exterior responsable.
Un Estado de Derecho y Seguridad que es tan visible como el actor Patrick Swayze, en la película “Ghost”.
¿Una economía competitiva y generadora de empleos?, la pobreza en México aumento de 44.5% en 2008, es decir 48.8 millones de personas, a 46.2% en 2010, lo que representa que 52 millones de personas se encuentran en esa condición, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Igualdad de oportunidades, una igualdad que no se da ni en el bachillerato público, en el cuál solo es seguro ingresar si se tienen relaciones que nos puedan echar la mano. Sustentabilidad ambiental, cada día es más difícil ingresar.
Sustentabilidad ambiental que cada día es peor, tan solo la semana pasada en el valle de México se ubicaron índices contaminantes entre 140 y 126 puntos de ozono respectivamente, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.
Democracia efectiva, que yo mejor dicho llamaría democracia cotosa. No puede haber más claro y reciente ejemplo que las elecciones del pasado 3 de julio en el estado de México las cuales tenían un presupuesto que ascendía a mil 739 millones 611 mil 757 pesos.
Lo cierto es que este es un plan que está a un año de finalizar y no se logro nada del mismo.
Lo único que nos queda claro es que de acuerdo a lo que el Sr. Slim nos dice, este país necesita empleos para erradicar la pobreza, pero al parecer nuestro gobierno no tiene ni la más remota idea de lo que es crear un empleo, y sostenerlo. Jamás lo han hecho, bueno, a excepción de los empleos burócratas, dentro de los cuales también hay gente con falta de compromiso y función pública, que se dedica solo a ser improductiva y estar de parásitos mantenidos por la gente productiva, de esos empleos.
Nos dice Slim que lo que se necesita es inversión, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con él, lo único malo es que para que exista inversión se necesita que exista primero un capital, un dinero ahorrado, si no hay ahorro, no puede formarse el capital que va a invertirse en empresas de todo tipo. Necesitamos empleos, pero más necesitamos políticos comprometidos con su pueblo.
Los aumentos de capital social obedecen fundamentalmente a dos razones: Una, incrementar los recursos económicos de la sociedad para que ésta pueda realizar adecuadamente el objeto de su institución y dos, mejorar su estructura financiera. En el primer caso, se trata de un aumento real del capital y por ende, del patrimonio social que se realiza mediante aportaciones; en el segundo, se trata de un incremento nominal del capital social que se realiza por la conversión en capital de utilidades, primas sobre acciones, reservas y otras partidas que ya forman parte del patrimonio; operación que es comúnmente conocida como capitalización.
Dicho de otra manera: los aumentos reales del capital social conllevan un incremento del patrimonio social, en tanto que los nominales sólo elevan la cifra de aquél, pero no la de éste.
A) Aumentos Reales - Éstos incrementan el patrimonio social y sólo pueden provenir de nuevas aportaciones de los socios o de terceros, ya sean éstas de numerario o especie.
A parte del dinero en efectivo, se pueden realizar aportaciones en especie, mismas que de manera enunciativa mas no limitativa se mencionan las siguientes: bienes muebles; bienes inmuebles; títulos de crédito, tales como cheques, pagarés, letras de cambio, obligaciones (bonos), certificados de participación, etc.; títulos valor, tales como acciones de otras sociedades; derechos de crédito; partes sociales de otras sociedades; derechos reales, tales como el usufructo y la posesión; así como bienes intangibles, tales como marcas, patentes, avisos comerciales (slogans), derechos de autor, diseños industriales, secretos industriales, “know how”, cartera de clientes, etc.
Obviamente que a las aportaciones en especie se les tendrá que asignar un valor determinado, y las acciones que se expidan para tal efecto, quedarán en depósito en la tesorería de la sociedad durante dos años y si en ese plazo aparece que el valor de dichos bienes es menor en 25% de aquel asignado, el accionista estará obligado a cubrir la diferencia (Art. 141 LGSM).
Por otro lado, no son susceptibles de aportación los derechos personalísimos y los bienes que por su naturaleza o por disposición legal no estén en el comercio.
B) Aumentos Nominales - Éstos obedecen a la necesidad que imponen los requerimientos de crédito de dar una mejor estructura financiera a la sociedad mediante la capitalización de ciertas partidas del patrimonio, por ejemplo, utilidades reales y reservas voluntarias, que pudieran ser libremente distribuidas como dividendos a los accionistas, pero éstos eligen suscribir nuevas acciones o incrementar su valor nominal utilizando los dividendos a favor como forma de pago, no existiendo un desembolso real.
La capitalización de utilidades y de reservas voluntarias, lo mismo que las capitalización de pasivos a favor de los socios, son verdaderas aportaciones de éstos quienes transmiten a la sociedad el derecho de crédito que tienen sobre ellas.
A efectos de no incrementar artificialmente el capital social a través de la capitalización de reservas de valuación o revaluación (superávits), estimando el valor de tales reservas en una cantidad superior a la real, el Artículo 116 de la LGSM acogió el principio de sinceridad de los superávits, al establecer que las reservas de valuación o revaluación deberán estar apoyadas en avalúos efectuados por valuadores independientes autorizados por la Comisión Nacional de Valuadores, instituciones de crédito o corredores públicos titulados.
En principio no se puede capitalizar la reserva legal, pero en caso de hacerlo, ésta deberá reconstituirse a partir del ejercicio siguiente a aquél en que se capitalice, en los términos del Artículo 20 de la LGSM.
II.- Primas sobre acciones o acciones sobre la par.
Cuando una persona extraña a la sociedad suscribe un aumento, con previa renuncia al derecho al tanto de los demás accionistas, existe una disyuntiva respecto al valor que deberá pagar el nuevo accionista por la emisión de las nuevas acciones, puesto que el valor nominal de las acciones ya no coincide con el valor real.
Efectivamente, el patrimonio social se ha acrecentado y por ende también el valor de las acciones; por consiguiente, para compensar esta diferencia, el nuevo suscriptor deberá pagar una prima sobre acciones para cubrir ese incremento que han experimentado las acciones desde la constitución de la sociedad, llamándose a dichos títulos “acciones sobre la par.”
Ejemplo, si el valor nominal de las acciones es de $1,000.00 pero el valor real de éstas es de $1,500.00, el nuevo suscriptor tendrá que pagar el valor nominal de las acciones más una prima sobre acciones de $500.00, ya que se trata de evitar que los derechos de los accionistas originales al haber social sufran perjuicio.
Por último, es muy importante precisar con detalle en el acta de asamblea que apruebe el aumento en cuestión, cómo se va a suscribir dicho incremento (si el dinero viene por aportaciones o si se van a capitalizar reservas por ejemplo), y en el caso de nuevos suscriptores, que se especifique con precisión qué monto corresponde al valor nominal de las acciones y qué cantidad se aporta como prima sobre acciones. Se sugiere que el valor de la prima lo calcule de preferencia un fiscalista dictaminador autorizado por la SHCP y el acta de asamblea la prepare un abogado corporativo.
Así el juicio de ponderación ha sido utilizado en la actualidad con mayor frecuencia en nuestro sistema jurídico en forma opuesta a la subsunción que se basa en meta-reglas jurídicas para resolver conflictos entre normas, tales como “ley superior deroga a la ley inferior”, “la ley especial deroga la ley general” o “ley posterior deroga a la ley anterior”, pues cuando se trata de normas constitucionales dichas meta-reglas resultan ineficaces para la resolución del conflicto de principios constitucionales, que no puede solucionarse bajo la simple aplicación de una regla de prioridad temporal, ni de especialidad o rango, ya que existe una tensión de principios que no puede dirimirse estableciendo una prioridad absoluta de una sobre otra.
En consecuencia el juicio de ponderación se ha convertido en un criterio metodológico distinto de aquellos que tradicionalmente conocemos; tarea ésta que implica revisar nuestra concepción respecto de la estructura del sistema normativo, que en definitiva no se encuentra solamente compuesto de reglas, sino también y en grado fundamental de principios, pues es evidente que los derechos fundamentales establecidos en la Constitución colisionan entre sí cuando las circunstancias configuran un caso difícil. Lo que significa en palabras sencillas que, ante esta colisión de derechos fundamentales, ni podemos subsumir los hechos de forma absoluta en una disposición constitucional pues de lo contrario el conflicto sería resuelto en forma mentirosa, ni podemos aventurarnos a definir cuál de los derechos contrastados sería jerárquicamente superior, cronológicamente anterior o gradualmente “especial” frente al otro u otros.
El aspecto más práctico de aplicación del juicio de ponderación se establece al resolver las cuestiones relativas a la constitucionalidad de leyes, pues aún cuando se pudiera pensar en forma apresurada que la jerarquía de normas pudiera dar solución a la cuestión de constitucionalidad, dicho método de solución resulta inaplicable en atención a que precisamente la contradicción se actualiza entre principios constitucionales y no en la jerarquía de normas, pues la ley que se tilde de inconstitucional habrá de estar reglamentando un principio constitucional y posiblemente al mismo tiempo contravendrá a otro principio del mismo rango.
En este orden de ideas, las eventuales contradicciones que podrían ocurrir (y que de hecho ocurren) entre pares de derechos constitucionales, son bastante frecuentes. Pensemos en la confluencia de la libertad de expresión y el derecho al honor; de la libertad de expresión y del derecho a la intimidad; de la libertad de empresa y del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; del derecho de manifestación y del orden público; de la libertad de comercio y la protección de la salud; de la presunción de inocencia y de la prisión preventiva; y un largo listado de posibilidades antinómicas que con regularidad se muestran, nunca de manera abstracta, sino en un particular caso de limitación de derechos fundamentales.
En cuanto al juicio de ponderación, no encontramos una definición absoluta sin embrago y de forma personal considero que podrá definirse como una acción de consideración imparcial y proporcional entre aspectos contrapuestos con la finalidad de resolver un conflicto de principios (derechos, bienes jurídicos, intereses, etc.) que suministran justificaciones diferentes y oponibles al momento de adoptar una decisión en un caso concreto, de la que necesariamente habrá de prevalecer uno sobre otro dependiendo de circunstancias especificas.
Definición la anterior, que no incurre en el perjuicio de que el derecho derrotado siga perteneciendo coherentemente al sistema jurídico, porque en un siguiente caso las consideraciones contrarias pueden desaparecer o no tener el mismo peso, ello significa que, aun cuando uno de los derechos en conflicto deba prevalecer en el caso concreto, no por ello debe considerarse al otro como inexistente o no consagrado. Lo que sucede, según se estima, es que bajo ciertas circunstancias uno de los derechos precede en importancia al otro.
Sentado lo anterior, estamos en posibilidad de precisar aunque sea en forma breve el método y requisitos más o menos definidos, conforme a los que se lleva a cabo el juicio de ponderación mediante el cual, se evalúa el principio que deberá prevalecer:
a).- Fin legítimo.- Que podría explicarse como el hecho de que el motivo que implica la colisión de principios constitucionales resulte de un fin constitucionalmente legítimo que lo fundamente, esto quiere decir, que la medida de restricción que impondrá un aspecto constitucional a otro, no resulte gratuita o caprichosa, pues de lo contrario no habría forma de realizar una ponderación válida.
A manera de ejemplo, existe un fin legítimo cuando se pretende restringir la libertad de comercio (en el caso específico la venta y consumo de tabaco en establecimientos determinados), con el objeto de proteger la salud de menores de edad y no fumadores que acuden dichos establecimientos, léase restaurantes.
b).- Idoneidad o adecuación.- Que la medida restrictiva resulte adecuada para cumplir el fin legítimo, pues de lo contrario se estaría afectando o limitando un derecho fundamental sin lograr nada a cambio.
Siguiendo con el ejemplo anterior, de ninguna forma sería idóneo o adecuado restringir la libertad de comercio (en el caso específico la venta y consumo de tabaco) en establecimientos cuya actividad primordial resulte la venta y consumo de tabaco, léase salones de fumadores, pues al no permitirse la entrada a los mismos de menores de edad y no estar en su mercado los no fumadores, la medida restrictiva no resulta idónea para la protección de dichos sectores. Situación contraria ocurre en el caso de los restaurantes donde al ser la actividad comercial menos específica en cuanto a la venta y consumo de tabaco, resulta necesario proteger el derecho a la salud de los menores y no fumadores, de ahí que la medida se considere idónea por conseguir el fin.
c).- Necesidad.- La medida cuestionada debe ser dentro de las alternativas posibles la que menos restinga al derecho fundamental que se afecta.
Como ejemplo, la prohibición de comercializar la venta y consumo de tabaco, impuesta con la finalidad de proteger la salud de determinados sectores, es idónea para tal fin, pero posiblemente no necesaria, pues con ordenar la segmentación de áreas de fumadores y no fumadores, mediante medidas de eficacia probada para aislar el traspaso de las sustancias toxicas al área de no fumadores, resultaría suficiente para lograr el fin, afectando lo menos posible al comerciante.
d).- Proporcionalidad en sentido estricto.- Se podría decir que este aspecto resulta el núcleo del juicio de ponderación y consiste en que la medida debe ser proporcional, lo que implica respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales.
Así, deberá evidenciarse conforme al ejemplo traído a colación, que la necesidad de salvaguardar el derecho a la salud de los no fumadores y/o menores de edad, resulta más beneficiosa o de grado más alto para el interés general en relación con el perjuicio y dañó para los comerciantes que lucran con la venta y consumo de tabaco en restaurantes, pero que dicho daño no resulte excesivo, pues de ser así, la medida deberá considerarse inadmisible porque resultaría contraria a la Constitución, al no resultar proporcional con el beneficio obtenido, es decir, que aún y cuando un principio resultará por encima del otro, el sacrificio del vencido no resulte de tal magnitud que lejos de buscar una prevalencia se convierta en su extinción.
En opinión del suscrito, es en esta fase donde se da el verdadero juicio de ponderación, también llamado juicio de proporcionalidad, pues aún cuando el fin legítimo, la idoneidad y la necesidad resultan factores que van dando luz al juicio de ponderación, es en la proporcionalidad donde atendiendo a los requisitos previos se da el verdadero juicio de valor que habrá de determinar cual es el principio constitucional que debe prevalecer; y que en el caso concreto de la inconstitucionalidad de una ley, habrá de determinar si el derecho constitucional reglamentado en la ley debe prevalecer al que se le contraponga por tener un fin legítimo, ser idóneo y necesario, pero sobre todo por representar un beneficio evidentemente superior en relación con el perjuicio que se cause con la restricción respectiva, restricción que como ya se dijo no puede considerarse absoluta y mucho menos general, es decir que la libertad de comercio seguirá considerada en el ámbito de la constitucionalidad que la protege, pero para el caso concreto de contraponerse al derecho a la salud se verá superada, lo que tampoco puede considerarse absoluto, en atención a que siempre habrá que atender a las circunstancias especificas del caso.
Concluyendo entonces, que el objetivo del juicio de ponderación es que el resultado del balance entre ventajas y desventajas o entre beneficios y costos, siempre derive en un resultado o cociente positivo, si se quiere superavitario, entendiendo que el beneficio supere al daño, a partir de un equilibrio entre las razones pertinentes y que se atiendan en la medida del óptimo posible para casos concretos.
Y por tales motivos, si bien en una primera instancia será el legislador quien tendría que ponderar los factores enunciados al momento de formular una iniciativa de ley o reforma de ley, muy probablemente la última palabra la digan los Tribunales Constitucionales, por lo que, consideró que aún y cuando el juicio de valor sigue dependiendo en gran medida de una aspecto de apreciación y valoración subjetiva de quien lo realiza, el sistema jurídico mexicano deberá empezar a trabajar en el perfeccionamiento del método y en su incorporación reglada al orden jurídico nacional, con la finalidad de proveer tanto gobernantes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) como a los gobernados, de elementos y criterios más objetivos y determinados que induzcan a leyes y sentencias de constitucionalidad, con mayor sentido de justicia y menor sentido de conveniencia a intereses particulares, partidistas o de Estado, como acontece en la actualidad con la reformas fiscales y creación de impuestos, que aún cuando en la valoración jurídica resultan inconstitucionales, en la interpretación subjetiva se vuelven constitucionales en atención a una finalidad recaudatoria que involucra tanto el presupuesto del legislador como el del juzgador.
LIC. LUIS RODRÍGUEZ MENDOZA
