LOS DERECHOS HUMANOS

Casi en ningún país del mundo los derechos humanos tienen tanta presencia en los medios de comunicación como en México.

Pero, el que tengan constante presencia en los medios no quiere decir que se tenga un verdadero interés por el impulso de su promoción y vigencia, ni es expresión de una amplia cultura social respecto de estos derechos.

La presencia de los derechos humanos en los medios se debe más bien a la descomposición de nuestra vida pública, en la que los derechos humanos se han convertido en objeto de discordia para los más diversos actores sociales, que se expresa en una hipersensibilidad social y mediática respecto del tema, del que cada actor quiere apropiarse en atención a sus propios intereses y descalificando a los demás. Al extremo de que algún candidato a un cargo de elección popular, en la pasada elección federal, utilizó como lema de campaña su auto identificación como “la cara de los derechos humanos”.

Producto de lo anterior es que la temática relativa a los derechos humanos en la vida social en México está sobredimensionada vivimos en este sentido una especie de estado de excepción informativa en la materia, una clara sobreexposición mediática, caracterizada por una intensa crispación e ideologización de la manera en que a nivel nacional se aborda el tema y se debate sobre él, atribuyendo a la operatividad o inoperatividad de los derechos humanos muchas de las deficiencias de nuestro desarrollo institucional y de la cultura democrática.

Los derechos humanos son ahora el medio idóneo para los desacuerdos y molestias, así como un medio para enfrentar la indiferencia e ineficiencias de la actuación de la autoridad en todos los campos de la actividad pública.

En la mayoría de los países es noticia que encabeza periódicos y noticiarios cuando la policía, de forma descarada y con exceso de violencia golpea a un detenido, en esos casos se señala el hecho y la violación a derechos humanos que implica, así como los delitos o faltas que deben ser sancionados. Normalmente, ante el señalamiento la autoridad interviene y pone en marcha los procedimientos de investigación y sanción que correspondan, y el asunto no pasa de ahí. En nuestro país, por el contrario, ante cualquier uso de la fuerza por parte de la autoridad, o ante cualquier intervención que cause molestia, como la instalación de retenes para evitar el trasiego de drogas y armas, de inmediato se señala que hay violación a derechos humanos y se inician no los procedimientos de investigación y sanción (en lo que falla la autoridad), sino el debate social contra la autoridad, descalificando todo el trabajo y dificultando su accionar, ante la necesidad de justificar permanentemente acciones en la mayoría de los casos legítimas, pero que de cualquier forma son objeto de investigación. No nos extraña, ante estas situaciones, que la autoridad sea quien pone en marcha el chisme de que “los derechos humanos sirven para defender delincuentes”.

De ninguna manera puede justificarse que la autoridad cometa abusos en el ejercicio del poder, y que constituyen violaciones a derechos humanos, menos aún que esos actos se mantengan en la impunidad o que no se establezcan los mecanismos para la adecuada vigilancia y control de la autoridad en el ejercicio de sus funciones; pero es una realidad que la exacerbación y politización del tema de los derechos humanos provoca que con mucha frecuencia se utilicen de forma irresponsable como arma arrojadiza contra la autoridad, no para la defensa del ciudadano frente al abuso del poder, sino como medio de defensa de quien, violando la ley, pretende hacerlo con impunidad, escudado muchas veces en supuestas causas políticas, o incluso pretendiendo justificar sus acciones ilegales con el alegato de que se trata del ejercicio legítimo de un derecho.

Es evidente que una de las causas más importantes de la situación que viven los derechos humanos en nuestro país es la pobre cultura jurídica de nuestra sociedad, el desapego a legalidad y la debilidad de nuestro Estado de derecho. Situaciones todas que inciden en un muy limitado conocimiento de los derechos humanos y los medios para hacerlos valer y exigir su respeto. No obstante que el término “derechos humanos” se usa constantemente por todas las personas, y hoy todos tenemos conciencia de que tenemos derechos, aunque no sepamos cuáles son, es lo que en la doctrina se conoce como el concepto vulgar de los derechos humanos, en el sentido de un concepto que es compartido por la comunidad.

Para acreditar lo anterior basta con señalar que más de la mitad de las personas que acuden a las comisiones de derechos humanos no plantean problemas de violación a sus derechos, sino el desconocimiento de la instancia a la que deben acudir para realizar un trámite o solucionar algún tipo de problema.

En el caso de México a partir de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 1990, el tema se politizó bajo el señalamiento de que la creación del organismo respondió sólo a los intereses del presidente de la República, además de que el decreto de creación fue tachado de inconstitucional, y que en nuestro entorno jurídico el término que usábamos para referirnos a la materia era el de garantías individuales, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución, cuya protección se realizaba por medio del juicio de amparo, medio de defensa orgullosamente de origen nacional.

De esta forma, la creación en México de un organismo como este, resultó difícil de entender para la mayoría de la sociedad, especialmente en el entorno jurídico, que incluso lo tomó como un agravio para la práctica jurídica y las instituciones mexicanas. Por lo que de inmediato se le descalificó considerando que no tendría utilidad si sus resoluciones no contaban con obligatoriedad, lo que hasta el día de hoy es el reclamo constante de muchos que siguen sin conocer y entender el trabajo de la CNDH.

Poco a poco la institución fue ganando la confianza de la sociedad, en gran medida gracias a la cuidadosa investigación y documentación de graves casos de violación a derechos humanos, como Acteal, las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez o los globalifóbicos en Guadalajara, y más recientemente los casos de Atenco o los abusos del Ejército en la lucha contra el narcotráfico. Casos en los que acreditó su independencia y capacidad para llevar a cabo investigaciones serias que han servido para ganar la confianza de la sociedad, como lo reflejan las encuestas de opinión elaboradas tanto por empresas privadas como por el gobierno, en las cuales la CNDH siempre queda con una evaluación alrededor de siete puntos (en calificaciones de 0 a10), entre las instituciones más confiables, junto con la Iglesia, el Ejército o las universidades.

La creación de la CNDH significó, entre otras cosas, el reconocimiento del gobierno mexicano de la presencia en México de innumerables situaciones en las que se daban violaciones a derechos humanos como una práctica cotidiana, siendo el caso más notorio el de la procuración de justicia, así como de la necesidad apremiante de realizar reformas legales e institucionales que implicarán un esfuerzo estatal por conseguir mejores niveles de respeto a los derechos humanos, con lo que nuestro país se insertó también en la dinámica internacional que daba relevancia al tema y avanzaba rápidamente en la consolidación de los mecanismos de tutela y promoción de los derechos humanos.

La creación de la CNDH y la documentación de los primeros casos de violaciones graves fue un detonante para la participación de la sociedad civil en la defensa de los derechos.

La crisis electoral y la democrática encontraron no sólo el espacio social, sino también la temática de los derechos humanos como un campo de acción muy amplio y atractivo, por lo que su número comenzó a crecer como lo sigue haciendo hasta nuestros días.

Nadie puede despreciar el impulso que las organizaciones sociales han significado para la mejoría en las condiciones de respeto a los derechos humanos en nuestro país, así como para la apertura de espacios democráticos; sin embargo, es evidente que su proliferación ha generado una importante competencia entre ellas mismas, lo que ha llevado a muchas de esas organizaciones a centrar su actividad en la denuncia de violaciones más que en el trabajo a favor de la investigación de casos o en la difusión del tema.

El universo de organismos no gubernamentales en México, además de enorme, es extraordinariamente heterogéneo, encontramos en primer lugar las representaciones de organismos internacionales o extranjeros, como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW), tenemos otras surgidas o vinculadas a partidos políticos de todo tipo de ideologías, o apoyadas por la Iglesia Católica o alguna otra confesión religiosa.

Otro fenómeno interesante que se está presentando en México en torno de los derechos humanos es el activismo de algunos periodistas y medios de comunicación que, abiertamente, utilizan sus espacios para promover grupos, personas, o incluso sus propios intereses y visiones respecto de algún tema.

Por supuesto que ha sido muy importante el papel de los medios de comunicación en la denuncia de casos de violaciones graves a los derechos humanos, su insistencia en la atención del tema ha sido determinante en muchas ocasiones para forzar la actuación de la autoridad de forma apegada a la legalidad, y en la sanción a los servidores públicos que cometen abusos de poder violando derecho.

No obstante lo anterior, la libertad de expresión y de información necesariamente debe tener límites y debe ejercerse con responsabilidad.

Por desgracia podemos encontrar a algunos actores y medios que en franco abuso de las libertades de que disfrutamos, y sin contar con la información suficiente, realizan verdaderas campañas de denuncia contra personas e instituciones, no con la finalidad de informar, sino de satisfacer intereses particulares.

Los derechos humanos son un tema sumamente noble, representan la expresión en el derecho de la evolución ética de la humanidad con miras a la convivencia social. Su objeto no es el poder; por el contrario, su razón de ser es la salvaguarda de la dignidad de las personas y la mejoría de sus condiciones de vida. De ahí su fuerza política; por eso constituyen una condición de existencia futura para la humanidad. Y por eso mismo no pueden ser sujetos de apropiación por nadie. No son propios ni de la derecha ni de la izquierda, ni mucho menos de ninguna ideología o interés. Su desarrollo tiene como presupuesto su propia vigencia y compromiso, en un marco de convivencia respetuosa y tolerante, en el que no cabe la descalificación de unos por otros, sino el esfuerzo conjunto. El esfuerzo para lograr una vigencia aceptable de los derechos humanos en la sociedad exige el esfuerzo colectivo y el desarrollo de la cultura que les es propia, que necesariamente implica también la cultura de la legalidad y la vigencia del Estado de derecho, de otra forma los esfuerzos no serán más que demagogia.

Es importante que los gobernantes y políticos asuman los derechos humanos más allá de un conjunto e palabras y promesas de campaña. No hay campaña política en la que los derechos humanos estén ausentes, ni estatutos partidarios que nos los contengan, pero difícilmente el discurso se concreta en una acción que lleve al respeto de los mismos.

Debemos de estar convencidos de la necesidad de redimensionar los derechos humanos en la vida social, de atenderlos en su justa medida, no solo exponiéndolos en los medios ni dejando que estos todas las deficiencias de nuestras instituciones, no podemos permitir que se conviertan en objeto de debates políticos, ni en patrimonio de grupos o ideologías. La defensa y protección de los derechos humanos es una de las mayores conquistas del avance civilizatorio. Sin embargo, debemos tener en cuenta que tal logro no está ganado para siempre. Hay que luchar día con día para defender nuestros derechos humanos. Uno de los grandes retos de México para el próximo gobierno es lograr justicia social, lo que implicaría abatir la pobreza, incrementar el empleo y proporcionar más y mejores servicios de educación, salud y vivienda.